A inicios de 2026, la atención internacional sobre Venezuela se centra en un solo tema recurrente: los presos políticos. Un nuevo informe de las Naciones Unidas, emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre la situación de los derechos humanos en el país, confirma lo que denuncian desde hace años entidades nacionales y organizaciones de derechos humanos: el régimen chavista ha mantenido un sistema de encarcelamiento selectivo contra la disidencia, y el cambio de gobierno en 2025 no ha eliminado esa lógica de represión. El informe señala un universo de alrededor de 800 personas detenidas por motivos políticos, con solo un puñado de liberaciones parciales, y lanza un llamado firme a la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos ciudadanos extranjeros, mientras documenta nuevas prácticas de control social y judicialización de la protesta.
Cómo define la ONU los presos políticos en Venezuela
El informe de la ONU no utiliza de forma masiva el término “preso político” como concepto jurídico formal, sino que describe un patrón de detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares y penas desproporcionadas contra personas vinculadas a la oposición, el periodismo, la defensa de derechos humanos, el activismo estudiantil y el sindicalismo. La Misión de Determinación de los Hechos recoge casos de dirigentes opositores, activistas de organizaciones como Human Rights Watch‑Venezuela y Foro Penal, trabajadores de prensa, integrantes de colectivos pacíficos y miembros de la diaspora que han sido procesados por delitos de instigación, traición, conspiración o “financiamiento del terrorismo”, muchas veces sin pruebas concretas.
El informe subraya que estos procesos suelen cumplir tres criterios clave: la motivación ideológica o política del Estado, la falta de garantías procesales y la existencia de una alternativa de solución distinta a la prisión, como la libertad condicional, la medida de arresto domiciliario o la suspensión de condena. En ese marco, la ONU concluye que cientos de personas encarceladas en Venezuela no cumplen el perfil de delincuentes comunes, sino el de actores sociales y políticos que el Estado ha decidido neutralizar mediante el sistema penal. La cifra de 800 presos políticos calculada por la Misión para finales de 2025 se convierte entonces en el centro de un reclamo de justicia de alcance continental.
Liberaciones parciales y un “gesto de paz” del gobierno
A la par del informe de la ONU, el gobierno venezolano anuncia una serie de liberaciones de presos políticos que intenta presentar como un “gesto de paz” unilateral. En enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anuncia la puesta en libertad de “un número significativo” de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, sin detallar inicialmente el total. La medida se difunde como un paso para la reconciliación nacional, en un contexto de transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y la entrada de una nueva coalición de gobierno.
Organizaciones como Foro Penal, que lleva más de una década documentando presos políticos, concretan cifras más precisas: entre enero y marzo de 2026, se registran más de 670 presos políticos excarcelados, en su mayoría gracias a una ley de amnistía aprobada en febrero. Sin embargo, el informe de la ONU advierte que estas liberaciones se producen en un marco de continuidad de prácticas represivas, y que el número de nuevos arrestos por motivos políticos se mantiene alto. La institución de Naciones Unidas recuerda que, aunque la amnistía detiene la permanencia de muchas personas tras las rejas, no garantiza la reparación de las víctimas, la verdad sobre los hechos ni la rendición de cuentas de los responsables.
Las nuevas detenciones y la continuidad de la represión
Uno de los apartados más duros del informe de 2026 es su análisis de la continuidad de la represión bajo el nuevo gobierno. La Misión de Determinación de los Hechos señala que, aunque el escenario político ha cambiado tras la salida de Maduro, las estructuras de seguridad, los tribunales de arbitrio y las leyes de seguridad nacional que sostenían la persecución política no han sido desmanteladas. Entre septiembre de 2025 y diciembre de 2025, documenta un periodo de “intensa represión” con 135 detenciones arbitrarias, y desde enero de 2026 recibe información de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, cifras que el propio gobierno no reconoce de forma pública.
El informe describe varios patrones de acción estatal que se repiten. En protestas sociales y manifestaciones estudiantiles, fuerzas de seguridad y grupos armados alineados con el gobierno irrumpen con gases lacrimógenos, escudos y armas de fuego, procediendo a detenciones masivas en las que no se otorgan constancias oficiales ni se informa a las familias de los motivos del arresto. Algunos casos de detención incluyen desapariciones de horas, incomunicación con abogados, interrogatorios en lugares no autorizados y amenazas de muerte o de daño a la familia, prácticas que la ONU clasifica como abuso de poder y violación del derecho a la libertad personal.
Tabla de situación de presos políticos en 2026 según organismos internacionales
| Organismo / fuente | Datos clave sobre presos políticos | Observaciones principales |
|---|---|---|
| Misión de Determinación de los Hechos‑ONU | Cerca de 800 presos políticos estimados a finales de 2025; 87 nuevas detenciones por motivos políticos desde enero de 2026 | Denuncia continuidad de detenciones arbitrarias y pide liberación inmediata de todos los detenidos |
| Foro Penal (organización venezolana) | 884 presos políticos al 3 de noviembre de 2025; 673 excarcelados entre enero y marzo de 2026 | Detalla 166 casos favorecidos por la ley de amnistía y 507 por vías judiciales ordinarias |
| Human Rights Watch – Informe Mundial 2026 | Casos emblemáticos de presos políticos como periodistas, activistas de derechos humanos y abogados de la defensa | Subraya que la represión se intensificó tras las elecciones de 2024 y se mantuvo durante 2025 |
| ONU – Comunicado marzo 2026 | Llamado a la ONU y a la comunidad internacional a exigir la liberación de todos los presos políticos, incluidos extranjeros | Destaca la falta de mecanismos de verdad y rendición de cuentas pese a la amnistía |
Esta tabla resume cómo, pese a las liberaciones parciales, sigue existiendo un universo amplio de personas encarceladas por motivos políticos, con nuevas detenciones que contradicen el discurso de transición hacia la paz.
Represión dirigida contra mujeres, periodistas y extranjeros
El informe de la ONU también destaca el impacto diferenciado de las detenciones en distintos grupos sociales. La Misión resalta particularmente la situación de las mujeres presas políticas, muchas de ellas madres de familia, trabajadoras de la salud, docentes o activistas comunitarias. La detención prolongada de mujeres, señala el texto de la ONU, no solo afecta su salud física y mental, sino que rompe sistemas de cuidados familiares, obligando a familiares cercanos a asumir cargas extra que agravan la pobreza y la vulneración de derechos a nivel comunitario.
Por otro lado, el informe dedica un capítulo específico a la persecución de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros. En 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras denunciaban el cierre de medios independientes, la expulsión de corresponsales y la penalización de redes sociales alternativas. El informe de la ONU de 2026 corrobora que muchas de estas personas fueron detenidas o encarceladas, en algunos casos por delitos de “traición” o “difusión de noticias falsas” por ejercer su trabajo de investigación y denuncia. De igual manera, el comunicado de la ONU recuerda que entre los presos políticos figuran decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, lo que convierte la cuestión en un asunto de política exterior de varios países.
El rol de la ley de amnistía y sus limitaciones
La ley de amnistía aprobada en febrero de 2026, que ha permitido la liberación de más de 160 presos políticos, se presenta como un avance legislativo hacia la despresionalización de la oposición. Sin embargo, el informe de la ONU advierte que la norma fue construida sin un proceso de consulta pública inclusivo, sin participación de familiares de víctimas, ni de organizaciones de derechos humanos, y sin mecanismos claros de verdad, justicia y reparación. El texto de la ONU señala que la amnistía, en su diseño actual, tiende a cerrar procesos sin reconocer responsabilidades, sin investigar torturas o malos tratos, y sin reparar económicamente ni simbólicamente a quienes sufrieron años de cárcel por razones políticas.
En lugar de configurarse como parte de un programa de justicia transicional integral, la ley de amnistía se percibe, según el informe, como un instrumento de sutura política rápida, que busca vaciar cárceles de disidentes para mejorar la imagen internacional del gobierno, sin abordar las causas estructurales del encarcelamiento político. La ONU propone que el marco de amnistía se complemente con una comisión de la verdad, una política de reparación y un compromiso de no repetición, acompañados por reformas en la Procuraduría, en la Fiscalía y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que durante años han sido usados como herramientas de persecución.
Llamado de la ONU: liberación inmediata y reforma de las instituciones de seguridad
El eje central del informe de 2026 es un llamado explícito a la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos. La Misión de Determinación de los Hechos subraya que la mantención en prisión de estos presos no solo es un agravio contra sus derechos fundamentales, sino que alimenta un clima de desconfianza hacia el nuevo gobierno, especialmente en la oposición y en la comunidad internacional. La ONU insta a Caracas a que, en lugar de esperar a que cada caso agote vías legales o se beneficie de amnistías, se proceda a ordenar la libertad total de quienes cumplan con el perfil de preso político, salvo en casos de delitos graves con evidencia contundente y garantías procesales plenas.
Además, el informe pide una revisión profunda de las instituciones de seguridad y de justicia que han permitido años de represión. La ONU recomienda: la depuración de cuerpos de seguridad vinculados a actos de tortura y abuso, la creación de mecanismos de supervisión civil independiente, la reestructuración de los tribunales con jueces y fiscales de reconocida integridad, y la garantía de acceso pleno de defensores de derechos humanos a las instalaciones penitenciarias. El texto de la ONU deja claro que la transición no se mide solo por la cantidad de personas liberadas, sino por la capacidad del país de reconstruir un sistema en el que la disidencia no se criminalice, sino que se proteja como parte legítima de la vida democrática.
Perspectivas hacia la segunda mitad de 2026
En el horizonte de 2026, el informe de la ONU sobre presos políticos en Venezuela se convierte en un documento de referencia para la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la propia sociedad venezolana. La demanda de liberación inmediata, sumada a la denuncia de nuevas detenciones y al llamado a reformar las instituciones de seguridad, define un escenario de presión creciente sobre el gobierno de turno: si quiere consolidar una imagen de Estado de derecho, deberá ir más allá de amnistías parciales y gestos de paz, y avanzar en decisiones concretas de no repetición, verdad y justicia.
Para la población, el informe es a la vez un recordatorio de la deuda histórica que el país tiene con sus presos políticos, y un marco de expectativas. La ONU, al señalar que la represión continúa incluso bajo un gobierno post‑Maduro, deja en claro que la transformación no es automática: exige vigilancia, insistencia en la rendición de cuentas y un activismo ciudadano que siga exigiendo la libertad de quienes permanecen detenidos por pensar distinto. En ese sentido, el informe de 2026 no se limita a diagnosticar una crisis pasada, sino que se proyecta como un esquema de exigencia futura: sin presos políticos, no hay transición completa.
Ella Kate es una periodista enfocada en noticias internacionales y tendencias digitales, comprometida con ofrecer información precisa y accesible para una audiencia global.